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2-08-07 18:16
Carta abierta a la Union Europea

By KOLKO-MENSCHENRECHTE FÜR KOLUMBIEN





*Carta abierta

La Unión Europea debe ser firme en pro de la verdad y de la paz en Colombia.

**Solicitamos a la UE y a sus Estados Miembros que no ayuden a legitimar un proceso de ?desmovilización? que no respeta los derechos de las víctimas.

*
El 3 de octubre de 2005 el Consejo de la Unión Europea definió su posición frente al llamado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Dos años más tarde se confirman las preocupaciones iniciales de que ese proceso no garantiza el desmantelamiento real de los grupos paramilitares ni los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Actualmente, la UE está preparando una actualización de su posición frente al actual proceso de desmovilización y ante ello manifestamos lo siguiente:

*Se debe garantizar la no-repetición de los crímenes*. Las estructuras paramilitares no se han desmantelado como lo prueban las acciones criminales de numerosos grupos, algunos se reivindican como ?nuevos grupos?, en muchas regiones del país. Esta situación ha sido corroborada, entre otros, por la MAPP-OEA en su último informe. Desde diciembre de 2002 han sido victimizadas impunemente más de 3.000 personas en crímenes violatorios de la tregua unilateral declarada por las AUC. Siguen las amenazas y acciones en contra de defensores de derechos humanos y sigue el control social sobre las comunidades victimizadas. Los paramilitares conservan sus riquezas y fuentes de financiación y existen evidencias de que siguen manejando el negocio del narcotráfico.

*Se debe establecer la verdadera dimensión del paramilitarismo.* 20 congresistas y excongresistas cercanos al gobierno se encuentran detenidos e investigados penalmente dentro del escándalo de la llamada /parapolítica/. También están detenidos o prófugos altos exfuncionarios del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, entre ellos el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fallar sobre casos de masacres, ha condenado al Estado colombiano por los vínculos estructurales e históricos entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares. Ni estos vínculos ni el papel del Estado en la expansión del paramilitarismo, están siendo investigados en el proceso de desmovilización. Fuera del país, varias multinacionales están siendo investigadas judicialmente por financiar el paramilitarismo.

*Se debe garantizar el derecho a la verdad*: No existen garantías para la preservación de la verdad ni para su conocimiento por la sociedad colombiana y se corre el riesgo de que termine siendo parte de un informe en abstracto. Se promueve que comunidades y víctimas se reconcilien y trabajen juntos con desmovilizados, sin que se haya establecido la verdad ni pedido perdón por los crímenes. Los jefes paramilitares justifican sus crímenes, no dan garantías de no repetición y no han dado ninguna muestra de arrepentimiento.

*Se debe garantizar el derecho a la justicia:* Según cifras oficiales la llamada Ley de Justicia y Paz (LJyP) sería aplicable solamente a 2.695 paramilitares de los más de 31.671 desmovilizados. Los otros 28.976 habrían sido beneficiados por amnistías de facto previstas por fuera de la LJyP. La Corte Constitucional ajustó esta Ley a la Constitución y a los tratados internacionales pero el gobierno revirtió parte de esa sentencia mediante un decreto posterior. No se han destinado recursos suficientes a la justicia colombiana ante la magnitud de los crímenes que debe investigar y sancionar. Las víctimas, sus familiares y sus abogados están sometidos a amenazas permanentes y varios han sido asesinados.

*Se debe garantizar el derecho a la reparación* incluyendo la devolución de entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras de las cuales han sido desplazados más de tres millones de personas. La mayoría de estas personas fueron desplazadas como parte de la estrategia paramilitar. Actualmente cursan en el Congreso dos proyectos de ley (ley de tierra y ley para el saneamiento de titulación de propiedades inmuebles) que facilitarían a los victimarios la legalización de esas tierras robadas de las cuales sólo han entregado unos pocas miles de hectáreas. Mediante el terror, la estrategia paramilitar permitió acumular fortunas controlando economías lícitas e ilícitas que siguen bajo el control de los paramilitares como verdaderos botines de guerra. No hay actuaciones concretas y efectivas de parte del gobierno para asegurar que los paramilitares realmente entreguen estos recursos para destinarlos a reparar a las víctimas a través de los mecanismos previstos.

*Por lo tanto consideramos que el proceso actual banaliza el concepto de lo justo y lo injusto y no está dirigido a reinstaurar el Estado de derecho, ni en lo jurídico, ni en lo político y ni siquiera en lo simbólico.

Para que el proceso de desmovilización paramilitar pueda convertirse en un aporte para la paz, las organizaciones firmantes instamos con vehemencia a la UE y a sus Estados Miembros:*

· a que no apoyen política ni económicamente el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en las condiciones evidenciadas en estos dos años y a que no contribuyan a una reparación administrativa de las víctimas que exonere de sus deberes a los paramilitares y al Estado;

· a que la cooperación de la UE esté al lado de las víctimas, contribuyendo a garantizar su protección y su dignidad y oponiéndose a reconciliaciones forzadas que consoliden el poder de los victimarios y nieguen los derechos de las víctimas;
· a que la UE respalde a la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para que se garantice su actuación independiente;
· a que exijan al Gobierno colombiano que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación así como el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares. Se necesita un mecanismo efectivo e independiente para establecer la verdad;
· a que insten al Estado colombiano para que se establezca toda la verdad sobre las responsabilidades de agentes e instituciones del Estado y para que se depuren todas sus instituciones de posibles nexos con paramilitares.

Bruselas, 2 de agosto del 2007

_Firman:


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fecha limite para mandar firmas:
26.08.2007
mandar firma a: [email protected] (con nombre de la organizacion en ingles y español, ciudad, país).




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